No es posible tratar de comprender el rol, los posibles objetivos y la capacidad de los gobiernos locales en el establecimiento de políticas deportivas sin entender la gran transformación urbana que se ha dado en los últimos 30 años y especialmente la crisis en la que estamos inmersos actualmente.
En una primera etapa de este periodo, en la década de 1980, se trató de cubrir el déficit consecuencia de la política Balaguerista y se produjo una fuerte inversión en infraestructuras, equipamientos y servicios deportivos. El deporte, las instalaciones y sus servicios formaban parte de lo que podríamos denominar ‘derecho a la ciudad’ y las instalaciones fundamentales para la promoción del deporte ‘para todos’ comenzaron a surgir en las ciudades.
Ya a finales de esta década comienza a introducirse una nueva forma de entender la gestión pública y nacen los primeros planes estratégicos de ciudad, un modelo basado en técnicas de gestión empresarial impulsado por la Nueva Gestión Pública de marcado corte neoliberal, y que suponían un cambio a la hora de pensar la gestión de la administración. La gestión pública no sólo se centraba en el cumplimiento de la legalidad y los procedimientos y se orientaba también a la eficacia y la eficiencia de su actuación.
La necesidad del cambio de modelo productivo lleva a muchas ciudades, básicamente a las que deben dejar atrás su modelo industrial, a tratar de reconvertirse en ciudades de servicios, cambiar su imagen global y promocionarse como tal. Muchas comienzan a apostar por acoger grandes eventos deportivos, ferias y congresos. Las ciudades buscan una nueva identidad y los grandes eventos deportivos son un escaparate ideal para tratar de proyectar esa nueva imagen
En la actualidad nos encontramos con que la agenda política municipal es mucho más compleja que lo que era hace años. La administración local debe hacer frente a una complicada interrelación de cuestiones económicas, sociales, culturales, medioambientales, urbanísticas que configuran la calidad de vida de sus ciudadanos y para quienes la administración local es la primera puerta institucional a la que llamar para expresar sus necesidades y descontentos. Por otra parte, como es lógico, las administraciones han modificado sus modos de trabajo, bien sea por decisión propia o por presiones internas y externas, hacia modelos más abiertos y colaborativos con otras administraciones, agentes sociales y ciudadanía, hacia un modelo que se ha denominado la ‘gobernanza local’.
A medida que la complejidad ha aumentado y los recursos disponibles se han reducido han quedado al descubierto las insuficiencias del modelo de política deportiva local. En este modelo los municipios han adquirido una serie de responsabilidades que no se contemplaban y para las que no cuentan con financiación suficiente. Hasta el comienzo de la crisis han podido mantener este sistema gracias a los ingresos provenientes del modelo económico-urbanístico; sin embargo, una vez agotado este modelo se encuentran con una realidad muy exigente y con pocos recursos con los que hacerle frente. Es evidente que existe una asimetría entre las necesidades y los recursos de los que disponen
La política estrictamente institucional no alcanza a cubrir todas esas necesidades, por lo que resulta necesario un nuevo modelo basado en la colaboración, tanto con otras instituciones como con empresas privadas, agentes sociales y ciudadanía, para tratar de lograr los objetivos que en política deportiva y de promoción de la actividad física puedan establecerse.
En este sentido es inexcusable salir del paradigma desarrollista de las décadas anteriores en el que aún continúan muchas entidades locales y para las que la orientación básica sigue siendo la construcción y/o ampliación de instalaciones y la producción de servicios. Es necesario entender que una nueva política deportiva local basada en la gobernanza deberá apoyarse en una gestión relacional, con otras áreas municipales ya que los problemas y necesidades de la ciudadanía son complejos e interrelacionados; con otras esferas de gobierno territoriales, autonómicos o estatales; con empresas privadas; con agentes sociales y con la ciudadanía, con la que será necesario abrir nuevos cauces de participación mucho más allá de los mínimos contemplados por las leyes actuales.
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